La soberanía secuestrada: el voto extranjero, el clientelismo electoral y la crisis del poder político real
Introducción
Chile atraviesa un debate crucial sobre la integridad de su soberanía. En medio de la discusión parlamentaria sobre el proyecto de ley que modifica la Ley de Migración y Extranjería en materia de avecindamiento y sufragio, ha quedado en evidencia una realidad incómoda: el voto extranjero en Chile, tal como está normado hoy, constituye una anomalía jurídica, política y soberana sin parangón en el mundo democrático.
Una excepción mundial y una contradicción constitucional
A diferencia de la mayoría de los países de la OCDE y democracias consolidadas, donde el voto en elecciones nacionales está reservado exclusivamente a ciudadanos, en Chile los extranjeros avecindados pueden votar en elecciones presidenciales, parlamentarias y plebiscitos nacionales tras cinco años de residencia legal. Esto está garantizado por el artículo 14 de la Constitución.
El problema es profundo: el propio texto constitucional genera una incongruencia insalvable entre su artículo 5° —que afirma que la soberanía reside en la nación y se ejerce por el pueblo— y el artículo 14 —que entrega ese ejercicio a personas que no son parte del cuerpo nacional soberano. Así, se crea la figura del «semiciudadano», habilitado para decidir el destino político del país sin haber adquirido su nacionalidad.
Una reconfiguración electoral silenciosa
Según la exposición técnica de la consultora IDX360 y el académico Óscar Fuentes, el votante extranjero ya no es marginal ni incidental. Chile experimenta una reconfiguración electoral silenciosa, con 786.470 extranjeros actualmente habilitados para votar, según el padrón electoral oficial del Servel para las elecciones de 2024. Además, se proyecta que más de 1.600.000 migrantes mayores de 20 años podrían cumplir los requisitos en el corto plazo si no se modifica la ley.
En comunas como Santiago, Independencia y Estación Central, más de un tercio del padrón ya es migrante. Este fenómeno, lejos de detenerse, se expande rápidamente, con potencial de consolidar bloques electorales dominados por una sola nacionalidad —principalmente venezolanos— que podrían incidir decisivamente en los resultados de elecciones nacionales y comunales.
El pragmatismo desactualizado con consecuencias estructurales
La norma que hoy permite el voto extranjero nació en un contexto radicalmente distinto. Fue propuesta en los años 70 por la Comisión Ortúzar como una solución pragmática, impulsada por Jaime Guzmán, para permitir votar a extranjeros avecindados de larga data, sin exigirles nacionalizarse. Pero esa decisión —que separó el derecho a sufragio de la ciudadanía— fue pensada para un país con una población migrante mínima. Esa anomalía, heredada del pasado, se ha transformado en un factor estructural del sistema político, capaz de alterar correlaciones de fuerza, definir resultados electorales e incluso proyectar liderazgos migrantes que aspiran a cargos de representación popular.
El giro oportunista de la clase política
En este escenario se hace evidente una doble inconsistencia ética e ideológica.
Por un lado, la izquierda progresista, que hasta hace poco promovía el discurso de «fronteras abiertas», “ciudadanía universal” y “ningún ser humano es ilegal”, hoy propone limitar el voto extranjero. Lo hace no por convicción soberanista, sino por cálculo político: la creciente evidencia de que una mayoría del electorado migrante —especialmente venezolano— se inclina hacia posturas conservadoras o de derecha ha generado alarma en sus filas. Esta voltereta oportunista revela que su apertura no era principios, sino conveniencia ideológica.
Por otro lado, la derecha populista, que durante años agitó el miedo a la migración descontrolada y exigía cerrar fronteras, hoy recibe con entusiasmo a los llamados “venezofachos”, sabiendo que ese electorado les resulta funcional. Han abandonado su discurso nacionalista, incluso promoviendo beneficios para migrantes por sobre los propios chilenos, siempre que voten por ellos.
En los sectores autodenominados nacionalistas de la derecha libertaria, se ha llegado incluso a justificar el voto extranjero con el argumento de que “si pagan impuestos, pueden votar”, mientras al mismo tiempo se propone reducir los impuestos al mínimo. La contradicción es evidente, y más aún cuando se denuncian casos en que dirigentes partidarios han facilitado trámites de nacionalización a cambio de militancia, como ocurrió recientemente en Iquique (1).
Esta inversión de roles confirma que ambos bloques actúan según intereses de corto plazo, no en función del bien común ni de la soberanía nacional.
Propuestas del Gobierno de Boric (2025):
A comienzos de 2025, el Ejecutivo presentó un conjunto de indicaciones legislativas que buscaban modificar el derecho de sufragio para los extranjeros en Chile. Aunque estas propuestas fueron declaradas inadmisibles por la Comisión de Gobierno del Senado, por exceder el marco del proyecto original, reflejan una cambio significativo en la postura del oficialismo respecto al voto migrante. Las propuestas fueron:
- Restringir el voto extranjero solo a elecciones municipales y plebiscitos comunales.
- Exigir certificado de antecedentes penales vigente del país de origen para ser incorporado al padrón electoral.
- Reforzar el requisito de residencia definitiva, excluyendo a quienes poseen solo residencia temporal.
- Eximir a los extranjeros del pago de multa por no votar en caso de inasistencia electoral.
Propuestas del académico Óscar Fuentes / IDX360:
En su exposición ante la Cámara de Diputados, el académico Óscar Fuentes —director de la consultora estratégica IDX360— propuso una serie de medidas para corregir lo que denominó una anomalía constitucional en materia de sufragio extranjero. Estas propuestas, de alcance estructural, apuntan a restablecer una noción coherente de soberanía nacional. Fueron:
Rechazar la reforma vía ley simple, por ser insuficiente y dejar intacta la contradicción normativa de fondo.
Eliminar el voto extranjero mediante una reforma constitucional que derogue el artículo 14.
Aumentar el requisito de residencia a 10 o 15 años, restaurando el sentido profundo del avecindamiento como expresión de arraigo.
¿Qué es Chile y quiénes lo componen?
Esta discusión, como lo expresó Óscar Fuentes ante el Congreso, no es solo jurídica ni electoral: es ontológica. Nos obliga a preguntarnos qué es Chile, quiénes somos los chilenos, y si el pueblo chileno es una mera agregación de individuos o una comunidad con historia, cultura y voluntad soberana propia.
Aceptar que alguien ejerza poder político real sin ser parte del cuerpo soberano no es inclusión: es disolución de la soberanía nacional.
Como ha planteado el propio Fuentes en su texto “El pueblo huacho: acontecimiento ontológico” (2), el pueblo chileno ha sido históricamente tratado como un huacho político: sin filiación institucional auténtica, sin reconocimiento pleno como soberano, invocado pero no escuchado, usado como cifra electoral pero excluido del poder político real real.
En ese sentido —y con profunda lucidez— Fuentes nos recuerda que el “pueblo huacho” no es una carencia, sino una forma de ser política, un acontecimiento ontológico: el ser colectivo que, al estar desamparado por las instituciones, puede reaparecer como sujeto fundante de una nueva soberanía.
Propuestas del movimiento soberanista chileno:
Desde una perspectiva coherente con la defensa de la soberanía nacional, el movimiento soberanista plantea una serie de propuestas que apuntan a restituir el principio fundamental de que el poder político en Chile debe ser ejercido exclusivamente por ciudadanos chilenos. Estas son:
Defensa del poder político soberano: Rechazamos todo intento de alterar o diluir la soberanía electoral mediante el crecimiento artificial del padrón migrante. El futuro de Chile debe ser decidido por su pueblo, no por lógicas clientelares ni por intereses partidistas de corto plazo.
Voto nacional exclusivo: El derecho a sufragio en elecciones nacionales debe estar reservado exclusivamente a ciudadanos chilenos. La soberanía no puede ser ejercida por quienes no forman parte del cuerpo político nacional.
Nacionalización con arraigo: Para participar en elecciones nacionales, los extranjeros deben haber adquirido la nacionalidad chilena mediante un proceso que acredite un verdadero vínculo con la nación: al menos 10 años de residencia legal continua y la aprobación de un examen básico de historia, instituciones y cultura cívica chilena. La ciudadanía debe ser un acto consciente de pertenencia, no una formalidad instrumental.
Defender el voto nacional no es un acto de exclusión, sino de afirmación soberana: es rechazar la disolución de lo propio en la homogeneidad globalista, y proclamar que la soberanía debe residir verdaderamente en la nación, no en los intereses pasajeros de partidos ni en la ingeniería demográfica de poder.
1.- https://thetimes.cl/contenido/4310/escandalo-en-el-partido-de-kaiser-acusan-fichaje-de-migrantes
2.- https://www.oifb.cl/2025/05/02/el-pueblo-huacho-acontecimiento-ontologico/